Sabemos que El Niño va a volver. Sabemos cada cuánto, qué zonas suelen sufrirlo más y qué instituciones estudian sus efectos. Y aun así, cada vez que se acerca, en Perú tenemos la sensación de llegar tarde. Esta idea me acompañó durante el reciente Desayuno Jesuita para el Discernimiento, donde Carlos Neuhaus y Juan Manuel Arribas hablaron de la necesidad de organizarnos y de las brechas que tiene el país al respecto de prevención y respuesta frente a situaciones de emergencia.

Varios gobiernos pudieron reducir vulnerabilidades que hoy siguen ahí. Hubo inestabilidad política, políticas que no tuvieron continuidad, problemas de gestión y recursos que no se ejecutaron a tiempo. Cada uno puede darle más peso a una causa que a otra, pero el resultado es el mismo: otra vez enfrentamos el riesgo con las tareas pendientes de siempre. Para muchas obras estructurales, creo que ya es tarde. La infraestructura, la planificación del territorio y la gestión del riesgo no se arreglan en unas semanas cuando llevan años acumulando deudas.

El calendario político-electoral complica las cosas. En enero de 2027 asumen nuevas autoridades municipales y regionales, justo cuando podrían llegar los momentos más duros del fenómeno. Los alcaldes tienen un papel central en la gestión del riesgo de su territorio y en la primera respuesta ante una emergencia, y muchos llegarán sin haber manejado nunca una. Sus primeros meses no pueden ser de aprendizaje mientras las comunidades esperan decisiones. Por eso hay que preparar desde ahora a las autoridades electas y facilitarles la información que van a necesitar: mapas de riesgo, puntos críticos, planes de contingencia, recursos disponibles y con quién coordinar. Universidades, organizaciones especializadas, empresas y sociedad civil pueden ofrecer capacitación breve y acompañamiento técnico. Eso no reemplaza al Estado. Ayuda a que los nuevos alcaldes puedan gobernar desde el primer día.

Lo que más me inquieta es la salud. El Niño no son solo lluvias, inundaciones y huaicos. Trae también enfermedades, problemas para conseguir agua segura, servicios interrumpidos y más presión sobre unos establecimientos de salud que ya tienen serias limitaciones. El dengue merece atención aparte: puede extenderse más allá de las zonas inundadas y golpear a poblaciones vulnerables. La vacuna, aunque ya mismo escasa, ayuda, pero necesita dosis para los grupos priorizados, acceso fácil y que la gente entienda para qué sirve. De poco valen las vacunas si quienes deberían recibirlas no conocen los riesgos de la enfermedad o tropiezan con barreras para llegar al centro de salud. Y la prevención del dengue tampoco se agota ahí: hay que controlar los criaderos de mosquitos, reforzar la vigilancia epidemiológica, informar a las comunidades y garantizar atención temprana.

Nada de esto puede hacerlo solo el Estado. Me alentó ver lo que ya hace el sector empresarial, que aporta bastante más que dinero: logística, infraestructura, conocimiento técnico, redes de distribución y personal. Ojalá se sumen más compañías grandes, pero sobre todo las medianas y las pequeñas. Una empresa de transporte puede mover donaciones. Una distribuidora puede facilitar el abastecimiento. Un negocio local puede aportar materiales o información útil para su comunidad.

¿Por qué no crear mesas de colaboración en las zonas más expuestas, donde cada actor diga qué puede ofrecer y qué falta? Allí podrían acordar centros de acopio y rutas de distribución, y dejar claro quién coordina con quién, antes de que la emergencia desborde a todos. Las organizaciones civiles, los colegios y las comunidades de fe tienen ahí un papel natural, porque muchas están presentes de forma permanente donde otras instituciones llegan poco. También pueden hacer de puente con los organismos técnicos: un pronóstico excelente sirve de poco si no se traduce en recomendaciones que entienda una municipalidad, una empresa o una familia. La buena voluntad no alcanza. Hacen falta acuerdos, responsabilidades claras e información compartida.

Quedan dos tareas que casi siempre se aplazan, y las dos tienen que ver con aprender a prepararse. La primera es la escuela. En un país tan expuesto a las amenazas naturales cuesta entender que prepararse para un desastre ocupe tan poco espacio en clase. Hay contenidos y experiencias educativas valiosas, pero no sé si llegan a todos los colegios, públicos y privados. Creo que esta formación debería poder verificarse y ajustarse a cada territorio. Un estudiante de la costa norte tiene que saber qué hacer ante una inundación; uno de la sierra, ante un huaico o una sequía. Todos deberían conocer las alertas oficiales y las rutas de evacuación, y entender por qué hace falta un plan familiar de emergencia. Acumular contenidos no alcanza: los chicos tienen que saber hacerlo. Prevenir se enseña, pero sobre todo se aprende practicando.

La segunda tarea somos las familias. No podemos esperar a que el Estado, las empresas o las organizaciones sociales lo resuelvan todo. Cada hogar puede revisar los techos y el drenaje, identificar sus rutas de evacuación, averiguar cuáles son los lugares seguros que han definido las autoridades y tener un plan de emergencia. En lo sanitario, se pueden vaciar los recipientes que acumulan agua, tapar bien los depósitos, usar repelente cuando corresponda y evitar el contacto con aguas de inundación, que pueden estar contaminadas. Nada de esto reemplaza las responsabilidades públicas ni borra las desigualdades que dejan a unas familias mucho más expuestas que otras. Pero nos recuerda que no somos solo posibles afectados, que también podemos preparar nuestra casa y ayudar a preparar nuestras comunidades.

No creo que estemos preparados para todo lo que puede traer El Niño, y me preocupa que hayamos perdido otra vez tiempo valioso. Pero tampoco quiero quedarme en lo que no hicimos. Quizá ya sea tarde para algunas medidas; aún podemos colaborar para proteger vidas, reducir daños y acompañar a quienes más lo necesitan. El fenómeno volverá. Lo que debería cambiar es cómo lo enfrentamos.